Expertos hablaron de cuál podría ser la suerte del venezolano capturado en el norte de Bogotá por la balacera en la que fue asesinado el policía Edwin Arnoldo Caro Gómez.
El extranjero sería Wilkerson Hernández Sánchez, de 28 años y a quien capturaron en flagrancia.
Los expertos aseguran que, en casos como estos, en los que hay víctimas mortales, el Estado debe recurrir a todas las herramientas, incluso las diplomáticas, para identificarlo plenamente, pedir una medida de aseguramiento y garantizar que, ante una eventual condena, la cumpla.
“No se puede entender que por ser una persona migrante en una condición de ilegal, sí es que esto es así, se entienda esto como un salvoconducto para cometer conductas punibles dentro del territorio nacional. La Fiscalía, si bien va a tener algún inconveniente en lo que tiene que ver con la identificación de esta persona para poder formular imputación de cargos, a través de la Cancillería o medios diplomáticos puede lograr esa identificación para que, por supuesto, se le vincule a un proceso penal”, explicó el penalista Diego Andrés Suárez.
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El abogado Miguel González Sánchez considera que el detenido debería responder por varios delitos, incluso el de homicidio, aunque no haya disparado:
La Fiscalía General de la Nación deberá verificar si las personas que asesinaron al policía iban a cometer un hurto y a partir de ahí, de comprobarse esto, estamos frente a una coautoría que implicaría que el sujeto que sobrevivió responda por el delito de hurto, el delito de homicidio agravado por ser cometido contra un servidor público, pero además de eso el delito de porte ilegal de armas.
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Según cifras de Migración Colombia, el número de venezolanos cometiendo delitos en Colombia representa el 3,2% del total de la población migrante presente en el país, en donde el 96% de los delitos que ocurren son cometidos por colombianos.
Los números indican, además, que de 2.144 extranjeros presos, 1.690 son venezolanos, 119 son ecuatorianos y 49 son mexicanos, entre otros.
Los principales delitos por los que fueron judicializados son: tráfico, porte o fabricación de estupefacientes y armas de fuego, hurto y homicidio.
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