La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó el 28 de enero la creación de la "Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense", ubicada frente a la costa este del país centroamericano.
El título de "reserva de biosfera" no fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como suele ocurrir, sino que se trata de un nombre concedido por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a petición del presidente Daniel Ortega "con carácter de urgencia".
La reserva de biosfera nicaragüense recién creada es, por mucho, la más extensa del territorio, ya que con sus 44.157 kilómetros cuadrados supera a Bosawás (norte, 21.815 kilómetros cuadrados), sureste de Nicaragua (sureste, 7.677 kilómetros cuadrados) y Ometepe (sur, 500 kilómetros cuadrados).
El área es del tamaño de Bélgica, Dinamarca y Suiza juntas.
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Dicho territorio se encuentra al oeste de la reserva de biosfera Seaflower de Colombia, que sí fue declarada como tal por la Unesco en el 2000.
En su "enérgica protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país", el Gobierno colombiano señaló que la medida "no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental".
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"Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
El embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, advirtió que ese país se extralimitó con una delimitación que no podía hacer.
“De manera unilateral, Nicaragua ha decidido declarar una reserva natural nicaragüense en una zona que ya Colombia, hace once años, la había declarado como tal”, indicó Rangel a Blu Radio.
El embajador dice que la decisión nicaragüense afecta aguas territoriales colombianas.
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“Es una zona de conservación ambiental muy normatizada (sic), la población raizal tiene una zona muy limitada de pesca. Eso significaría que Nicaragua autorizaría, ante sí y por sí, a sus pescadores a que fueran a donde van pescadores colombianos”, agregó Rangel.
El litigio dentro de los dos países
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Colombia y Nicaragua están enfrentados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la delimitación de la plataforma continental, ubicada a más de 200 millas náuticas de la costa nicaragüense.
La actual controversia es una continuación de otra ya decidida por el alto tribunal de la ONU en noviembre de 2012, que estableció los límites marítimos entre ambos países y se consideró más favorable para Nicaragua que para Colombia.
Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
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Nicaragua quiere ahora que la CIJ establezca la delimitación y las reglas del Derecho Internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental situada a más de 200 millas náuticas de su costa, cuestión sobre la que no se pronunció en 2012.
En ese sentido, el Gobierno colombiano considera que "la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente".
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Esto "pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias", agregó la Cancillería.
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