La Corte Constitucional, en un fallo trascendental en el que determinó que no estudiar una denuncia por acoso sexual o laboral es un acto de discriminación, estableció los requisitos para que se haga el debido trámite con las delaciones de las mujeres. Hablamos con una víctima que luchó seis años para lograr reabrir su caso.
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Alexi Amaya, contratista de la Universidad Nacional, dice que denunció acoso sexual y laboral con pruebas, pero, lejos de encontrar justicia, esto se le convirtió en un calvario.
“Son seis años en los que he estado luchando porque haya justicia. Llevo un proceso penal de manera paralela, pero el tema de la denuncia ha sido muy complicado”, cuenta Alexi Amaya.
Explica que la denuncia no tuvo trámite: “Se le da archivo a la investigación. Tuvimos que recurrir a todos los procedimientos legales para que el caso fuera nuevamente estudiado”.
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Alexi también da cuenta de que el camino de denunciar no ha sido fácil y hasta revela lo que le dijo uno de los antiguos decanos del alma máter.
“Dicen como ‘mira cómo se viste, tiene la culpa, no te le acerques que si tú lo haces seguramente te va a denunciar por lo mismo’. A mí, por ejemplo, me decía el decano en ese tiempo ‘¿quién te impulsa a hacer estas cosas?, porque es que mujeres como tú tienen a la universidad como la tienen’”, señala Amaya.
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Denunciar es difícil, dice, porque nunca se está con una cámara al hombro para conseguir pruebas, pero hay que hacerlo.
“Cuando nosotros nos quedamos callados estamos de alguna manera alentando que esto siga sucediendo”, enfatiza la mujer haciendo un llamado a otras víctimas.
El Centro de Pensamiento Sisma Mujer se refirió al tema: “se están visibilizando denuncias que llevan años ocurriendo, hechos que llevan años ocurriendo”.
La Corte Constitucional en este caso ordenó estudiar la denuncia y determinó que se debe desplegar toda la actividad investigativa, analizar los hechos, las pruebas donde se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado, no tomar decisiones con base en estereotipos de género, evitar la revictimización y flexibilizar la carga probatoria, entre otros.
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