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Chile avanza hacia legalización de la eutanasia luego de que Cámara de diputados aprobara proyecto

La muerte digna podría aplicarse en personas mayores de 18 años que padezcan enfermedades "incurables, irreversibles y progresivas". Ahora deberá pronunciarse el Senado.

eutanasia

La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que regula la eutanasia a través de cuidados paliativos.

La iniciativa, ingresada al Congreso en 2014 por parlamentarios de centro izquierda y que establece un marco legal para que un paciente con enfermedad terminal pueda decidir cómo poner fin a su vida, fue aprobada artículo por artículo por la unanimidad de los 141 diputados que asistieron a la sesión.

Solo podrán gozar de este derecho las personas mayores de 18 años que "presenten una enfermedad incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado", según establece la normativa aprobada.

Considerado hasta hace poco como un país conservador, Chile ha ido aprobando en los últimos años varias leyes que eran resistidas por la oposición de grupos conservadores, como el divorcio, el aborto terapéutico y la unión civil entre parejas del mismo sexo.

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Muerte digna

El proyecto aprobado va más allá de la eutanasia, al establecer el concepto de muerte digna, que abarca mucho más que el simple hecho de morir, según explicó Mara Muñoz, académica de la Universidad Diego Portales.

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"La eutanasia es el acto clínico o médico de realizar una acción con el objeto de dar muerte a una persona. Muerte digna es un concepto más amplio porque incluye que la persona pueda tener este evento de la muerte de una forma que respete su dignidad como persona, que sea como la persona prefiera. Generalmente implica estar sin dolor y no estar solo", afirmó la experta en bioética.

Entre las normativas del proyecto se "consagra el derecho de los pacientes a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir".

Determinado el beneficiario del derecho, se establece que el chileno o extranjero residente, mayor de 18 años, deberá estar consciente en el momento de solicitarlo o, en casos de inconsciencia o privación de facultades mentales, haberlo declarado previamente a través de un documento de voluntad anticipada.

El paciente será certificado por un médico psiquiátrico para garantizar sus facultades mentales y deberá "manifestar su voluntad de manera expresa, razonada, inequívoca y libre de cualquier presión".

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"Siempre debe haber una voluntad libre, informada, razonada y expresa por parte del afectado, que, pasando la prueba de dicha evidencia, sea mandatoria y legitime la decisión", dijo por su parte Diana Aurenque, directora del departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago.

El médico además deberá informar al paciente de su diagnóstico, los posibles tratamientos existentes y ofrecerle cuidados paliativos para que, en caso de tomar la decisión de eutanasia, haya sido informado de todas las alternativas posibles.

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Muñoz destacó la importancia de ofrecer cuidados paliativos a personas que piensen en la eutanasia por "tener miedo a tener mucho dolor, los gastos que significa en Chile estar enfermo y pobre, y el temor a perder la dignidad".

"Si puedes escoger algo como cuidados paliativos, entonces puedes estar confortado y acompañado y ya no es la muerte tu única opción. Este proyecto de ley defiende más la libertad de las personas de poder escoger en qué condiciones se muere", dijo la experta.

También se permite a los médicos alegar objeción de conciencia para no realizar esta práctica y el sistema está encargado de trasladar al paciente a otro profesional o recinto médico para que sea tratado.

En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. En México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales, mientras en Uruguay el Congreso discute un proyecto sobre la eutanasia.

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En Perú, un fallo judicial de febrero ordenó "respetar" la decisión de una mujer con una enfermedad incurable y progresiva de poner fin a su vida con asistencia médica.

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