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Vacunación obligatoria contra el COVID-19: ¿qué tan viable sería jurídicamente?

En muchos países del mundo se ha dado la discusión y, con la obligación de presentar el carné de vacunación con las dosis completas, el tema también se pone sobre el tapete en Colombia.

Vacunación obligatoria contra el COVID-19: ¿es viable jurídicamente?

Mucho se habla entre la gente de la posibilidad o no de que la vacunación obligatoria contra el COVId-19; pero bajo una mirada constitucional, ¿esto es posible?

Esto dice el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano.

"La opción de vacunarse hace parte de los derechos fundamentales de las personas, entonces se trata de la libertad de autodeterminación, se trata de la libertad de circulación y locomoción, se trata de la libertad de conciencia, inclusive de la libertad religiosa. Y por ser derechos fundamentales de las personas pues no se puede obligar o costreñir a una persona a que se vacune", indica Burbano.

Bajo la interpretación del docente Burbano, la exigencia del carné de vacunación no va encaminada a que esta sea obligatoria.

"El decreto lo que dice es que se trata de preservar la salud, la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus. Sin embargo, se podrían dar unas interpretaciones con que este decreto se afectan derechos y libertades fundamentales de las personas, pero no creo que el decreto vaya encaminado a la obligatoriedad de la vacunación, sino a la salud colectiva y pública", asegura Burbano.

Según el docente investigador, hace parte de las funciones constitucionales de las instituciones el velar por la salud de las personas, pero sin caer en excesos.

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"La Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay que tener mucho cuidado en estos asuntos de restricciones de los derechos y que hay que buscar que esos fenómenos de exigencia de carné y de restricción de entradas a ciertos lugares no vayan a ser desproporcionados. Se podrán establecer algunas restricciones basadas en criterios científicos que sean proporcionadas, razonables", explica el docente de la Universidad Libre.

Si alguien siente que sus derechos son vulnerados fundamentales con este decreto podría demandarlo y será el Consejo de Estado quien decida sí hubo o no vicios en este.

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