La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra ocho altos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que habrían participado en el operativo militar en la vereda El Remanso, situada en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Cabe recordar que, durante esta operación, que se ejecutó el pasado 28 de marzo de 2022, murieron 11 personas. Las familias de los fallecidos insistieron en que ellos no eran integrantes de las disidencias de las FARC, como se dijo en un principio.
La Procuraduría dice que los uniformados dispararon de forma indiscriminada y que posteriormente habrían modificado la escena de los hechos. Dentro de los militares vinculados formalmente está el actual comandante de la Fuerza de Tarea Quirón.
Otras investigaciones
La Procuraduría elaboró un extenso documento que le entregó a las JEP y en el que revela al menos 125 casos de militares que no habrían sido investigados por falsos positivos porque los procesos se cerraron en oficinas de control internos de los batallones sin que se hubiera practicado una sola prueba.
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“Se encontraron una serie de irregularidades en la muerte de 24 personas, producto de falsedades en las operaciones. Eso fue entre el 3 de octubre del 2002 y el 3 de octubre de 2007”, aseguró Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.
Para llegar a estas conclusiones, la Procuraduría revisó 15 expedientes disciplinarios militares de sucesos que ocurrieron entre 2002 y 2007.
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“Encontramos que hay involucrados 125 militares, 97 soldados entre regulares y profesionales, otro número de profesionales y diez oficiales”, indicó Javier Sarmiento, procurador delegado.
Anotó que, “de los 15 expedientes disciplinarios, doce fueron archivados por las oficinas de control interno de los batallones”.
“Nosotros en el ejercicio de las facultades que tiene la Procuraduría General de la Nación solicitamos la revocatoria de esos archivos y asumimos esas investigaciones”, sostuvo.
El informe se centra en el batallón de La Popa, ubicado en Valledupar, capital del Cesar. Para los investigadores del Ministerio Público, el lugar era como la central desde donde se planeaban y manipulaban los casos de falsos positivos, no solo que se ejecutaban desde ese lugar, sino de otros sitios como el batallón Energético Vial N°3, en el sur del departamento, el batallón contraguerrilla N°2, que se denominaba Guajiros, y el Gaula del Cesar, entre otros.
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