Los muertos que llora el sur del país en medio del paro

Lejos de las ciudades que han concentrado la atención en medio del paro y el estallido social de los últimos dos meses, hay muertos que llora el sur del país en las veredas, los caseríos y los campos donde las comunidades han librado una movilización social intensa.

Noticias Caracol recorrió varios de los puntos claves del paro en Putumayo, Cauca y Nariño, tres de los departamentos donde, históricamente, más personas han sido asesinadas por su liderazgo o activismo.

Allí, miles de voces cansadas de no ser escuchadas y que hoy no se callan ni ante el acecho de la muerte, se levantan. Una de ellas es la de Juan Elías Rosero, quien en la vereda La Castellana, de Villagarzón, Putumayo, permanece en un estado de abatimiento constante desde que el 31 de mayo asesinaron al mayor de sus hijos.

“En su infancia íbamos a la cancha a entrenar por las tardes. Él sabía ya estar listo con su pantalonetica, sus guayos. Ese era el anhelo de nosotros, siempre andar juntos y hasta ahora último él era mi compañero”, recuerda.

Jordany Rosero Estrella tenía 22 años. Fue el mejor alumno de su colegio, estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad del Cauca y trabajaba con su papá en el cultivo y la venta de chontaduro. “Desde preescolar fue el primero hasta que salió de once. Muy buen estudiante. En el colegio de acá sacó el mejor Icfes. Yo sabía que mi hijo iba a ser un grande ser humano, lo fue. Él tenía todos los deseos de que este país salga adelante. Y él miraba el medio: manifestándose pacíficamente”, dice su padre.

El primer día que salió a las protestas en Villagarzón, Jordany se unió a decenas de campesinos e indígenas que querían llegar hasta el pozo de petróleo de Costayaco para bloquearlo. Gilberto Muchicón, quien coordina la guardia indígena en el municipio, fue testigo de esa jornada. Dice que la Policía antinarcóticos abrió fuego contra los manifestantes.

“Arremeten a la movilización y para decirles que fueron más los disparos de bala que los mismos gases. Los señores llegaron sin escudos de protección, eso quiere decir que venían a disparar, y es donde resulta muerto el compañero Jordany Estrella”, cuenta.

Ese día hubo al menos tres manifestantes heridos de gravedad y también dos militares. La Policía de Putumayo dijo que los manifestantes agredieron a la fuerza pública, y la Gobernación aseguró que no hay certeza de quién le disparó a Jordany.

Juan Rosero reconstruye así el momento de la muerte de su hijo: “él adquirió una posición de defenderse con la valla. Tenía otro compañero allá. Y pues se defendían porque había impactos de piedra también. Y tiros de fusil, pero supuestamente todos eran al aire, al piso, pero lamentablemente también les dispararon con arma de fuego, armas letales al cuerpo de él. Entonces le impactaron en el corazón”.

Hoy en la casa de Jordany esperan el nacimiento de la que iba a ser su primera sobrina: Alison. Se llamará así porque días antes de su muerte, Jordany sugirió ese nombre en memoria de una adolescente que se suicidó en Popayán tras denunciar el abuso sexual de miembros de la Policía en medio de una manifestación del paro.

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Putumayo es uno de los lugares más peligrosos para la movilización social. Según el programa Somos Defensores, allí fueron asesinados 15 líderes sociales en 2020.

A estos muertos que llora el sur del país se suman dos departamentos donde se vive algo peor: Nariño con 22 casos y Cauca con 52. Estas tres regiones acumulan casi la mitad de los líderes asesinados en todo el país el año pasado. Y hoy, la exigencia de justicia en estos casos se añade a una larga lista de reivindicaciones que han movido el paro nacional en la región.

Decenas de líderes campesinos, indígenas y jóvenes se las manifestaron a Noticias Caracol: “Unas mejores condiciones de vida con dignidad popular para nuestro territorio, nuestro terruño”; “en este paro se ha sentido el rechazo a la política tradicional corrupta que tiene capturado al Estado”; “nosotros nos acogemos a esta movilización en el marco de la exigencia de la vida y el territorio de nuestras comunidades”; “nosotros trabajamos arduamente en dejar y construir un país diferente, donde el derecho a la salud y la educación sea para todos y todas”.

Son las mismas exigencias que campesinos, afros e indígenas del suroccidente del país han hecho por décadas en medio de las balas de toda clase de actores armados.

El legado de un líder entre los muertos que llora el sur del país

En Puerto Asís, Putumayo, Deovaldo Cruz es uno de los líderes que ha dirigido el paro. Aunque lleva más de treinta años en el movimiento social, este año, lo ha movido una fuerza distinta: el deseo de honrar a Marco Rivadeneira, su mejor amigo y uno de los líderes sociales más influyentes del departamento.

“Él para mí era como un hermano, nos queríamos mucho, nos apoyábamos mucho. Y siempre vivíamos muy unidos en esta lucha. Fuimos amigos 20 años”. Marco fue asesinado por desconocidos el 19 de marzo del año pasado, cuando dirigía una reunión con campesinos para concretar proyectos de sustitución de coca.

“Llegaron y le dijeron que querían hablar con él y como era una persona que a todo el mundo atendía. Ahí no les miramos armas”, cuenta Deovaldo, quien estuvo con Marco en su último día de vida. Los hombres lo alejaron de la comunidad y lo asesinaron a tiros.

Marcos Rivadeneira dedicó su vida a la conquista de los derechos de los campesinos, a organizarse para frenar los proyectos mineros y de hidrocarburos que para muchas comunidades del Putumayo no han dejado más que la destrucción de los ecosistemas. En sus últimos años se entregó a la búsqueda de alternativas para que los labriegos de la región pudieran abandonar el cultivo de coca.

“Marco siempre estuvo ahí para la gente que lo necesitaba, incluso él mismo poniendo a las demás personas que a él. Dedicándose en tiempos permanentes a mesas de negociación, a diálogos con los distintos actores, con gobierno, con fuerza pública, con quien tuviera que hablar para la vida en condiciones de dignidad”, dice Sonia Cifuentes, de la ONG Asociación Minga, que trabajó con Marco en Putumayo.

Deovaldo ha sido uno de los articuladores claves del paro en Putumayo, donde por dos meses las comunidades han sostenido marchas sin precedentes para la región por la cantidad de gente convocada, bloqueos de vías y asambleas en las que las comunidades debaten el futuro de un departamento asediado por disidencias de las FARC y grupos paramilitares que se disputan las rutas del narcotráfico.

“Quiero seguir el camino de Marco, luchando por el pueblo, las comunidades, es un legado que nos dejó. Y eso me lo llevo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar”, dice.

Deovaldo también ha pagado en su propia carne el precio de su liderazgo. Hace dos años, cuando intentaba mediar entre campesinos y un escuadrón de la Policía que pretendía arrancar forzadamente cultivos de coca, fue agredido con un arma no letal. Los antidisturbios le dispararon un proyectil y perdió uno de los ojos.

“A pesar de cada una de las vulneraciones que ha vivido, que no son pocas desafortunadamente, sigue ahí con el compromiso latente, con los dolores que implica perder a los seres queridos, perder partes del cuerpo por defender a los otros. Y él simplemente mantiene su compromiso”, dice Cifuentes.

Deovaldo remata: “la fuerza es la gente, la gente le dice a uno sigamos luchando, no nos quedemos quietos porque si no luchamos todo el tiempo nos van a tener marginados”.

El asedio contra el pueblo nasa

En Cauca, el departamento vecino de Putumayo, hay un pueblo que se moviliza en medio del luto y que también llora a los muertos que llora el sur del país. Durante décadas, los indígenas nasa han consolidado un movimiento social fuerte y amplio. Y hoy y antes, sus reivindicaciones les han costado altas cuotas de dolor y muerte.

El día en que el equipo de Noticias Caracol llegó al Cauca, alrededor de mil indígenas del norte del departamento se reunieron en el resguardo de la vereda Media Naranja, en Corinto, para honrar y despedir a Oneida Argenis Yatacué, una maestra y autoridad ancestral nasa.

“Además de portar la chonta era una maestra que por mandato de la comunidad dejó el mandato con los niños en las escuelas para ir a hacer un trabajo político en el territorio, con el resguardo. Y por su claridad política y su entrega al proceso encontramos que a los actores armados no les gustó cómo ella posesionaba y orientaba a la comunidad y a la juventud”, dice Harold Secue, consejero nasa.

Argenis fue asesinada junto a su esposo Marcelino Yatacué el 9 de junio en una carretera de Corinto y se sumaron a los muertos que llora el sur del país. Aunque los criminales dejaron una nota atribuyendo el hecho al ELN, los líderes nasa creen que fueron las disidencias de la Dagoberto Ramos, que operan en el norte del Cauca.

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Ermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, explica: “dejan un letrero como diciendo nos estamos vengando y somos los del ELN, cosa que lo dudo porque son situaciones que se dan mucho para analizar en este escenario del conflicto que hoy está viviendo nuestro país”.

Luis Acosta Zapata, coordinador nacional guardia indígena, agrega: “han matado más de 10 autoridades y están atacando el embrión del movimiento indígena que es la mujer, que es la tierra, entonces es un fuerte mensaje para nosotros los indígenas, nos están matando las gobernadoras. Lo que significa matar una mujer, una gobernadora, y con sevicia, con dolo, para destruir, para desmoralizar”.

El asesinato de la autoridad ancestral se sumó a una preocupante racha que este mes ya deja cinco muertos que llora el sur del país, en el norte del Cauca. Ataques directos contra el pueblo nasa, que ha sido tal vez el movilizador más visible del paro nacional en esta zona, que incluso estuvo presente en Cali.

“Ha sido un duelo bastante duro para el movimiento indígena porque en el momento que estábamos haciendo el homenaje a la compañera Beatriz Cano, comunicadora, a la media hora nos informan que la autoridad satue del territorio de Corinto y su esposo también fueron asesinados. Es una situación que nos llena de rabia, las emociones, de lágrimas”, dice el consejero Secue.

Beatriz Cano, una comunicadora del pueblo nasa, fue atacada por sicarios el 4 de junio en Santander de Quilichao. Otros dos indígenas y dos policías murieron en el mismo ataque.

“Asesinar a una comunicadora es asesinar la voz del pueblo nasa, es querer callar la voz de nuestros jóvenes que han querido hacer comunicación para denunciar nuestras atrocidades”, afirma Secue.

Los nasa creen que los atacan porque con el control que ejercen sobre su territorio están bloqueando rutas del narcotráfico de los grupos armados.

“Ese control que hace la guardia indígena, que hace la comunidad del territorio, se vuelve un problema para los actores armados. Y por eso nos han asesinado”, explica Secue.

Esta ola de violencia, dicen sus líderes, está relacionada con uno de los motores de sus reclamos en este paro nacional: el fracaso de la implementación del acuerdo de paz en las regiones más azotadas por la violencia.

“Eso quedó vacío, eso no es de nadie, todo el grupo armado que quiera irse a organizar va y se toma esas tierras. Eso está pasando. Ha llegado mucho grupo que en últimas es solo uno, actúan todos como paramilitares”, explica Acosta.

El cuerpo de Argenis Yatacué fue sepultado en el cementerio de su resguardo, en lo alto de Media Naranja, en pleno macizo, donde nace la cordillera central de los Andes. Desde allí se divisa buena parte del norte del Cauca, la región por la que luchó toda su vida. Para los nasa, el ritual no fue un entierro sino una siembra, porque la devolvieron a la tierra.

Así lo explica el consejero Secue: “Cuando morimos nuestro cuerpo se siembra, se vuelve semilla, alimenta la tierra. Y nuestro espíritu siempre va a estar con nosotros en todo espacio político organizativo desde la familia y el territorio. Para nosotros no es enterrarla, es sembrarla porque su cuerpo se vuelve semilla que está representado en toda una comunidad que la acompaña”.

Para el movimiento social del suroccidente colombiano, el más reciente paro nacional es un puerto más en una travesía de luchas y reivindicaciones que completa décadas. Desde estas montañas, la demanda principal de las comunidades es que no tengan que dejar más vidas en el camino.

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