Durante un debate, que se extendió por más de 10 horas en el Congreso de la República, se aprobaron y se hundieron varios artículos delPlan Nacional de Desarrollo, la hoja de navegación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta discusión se volverá a instalar en la mañana de este 3 de mayo de 2023.
Se han aprobado artículos importantes como el 91, que es el que permite la compra o contratación por parte de convenios público-populares para construir vías terciarias o manejar los planes de alimentación escolar.
Otro de los artículos que se salvó fue el que permite la concesión de reservas forestales por 30 años para organizaciones campesinas.
También se salvó el artículo que permite que la Adres gire directamente la plata de las EPS a las clínicas y hospitales.
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No obstante, fue un debate amargo para el Ejecutivo pues se hundieron varios artículos. Uno de ellos fue la creación de una agencia de seguridad digital.
El Congreso señaló que esto podría generar una violación a la libertad que los usuarios tienen por internet.
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La sesión se levantó sobre las 11:40 de la noche de este martes, 2 de mayo de 2023, y se citó para el día siguiente a las 9:00 de la mañana. Continúa la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
Los puntos más polémicos del Plan Nacional de Desarrollo
Este martes, 2 de mayo de 2023, comenzó una carrera contra el tiempo en el Congreso de la República para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo . En manos del Legislativo está el futuro de la hoja de navegación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las polémicas por algunos puntos y denuncias de ‘micos’ no han faltado.
Un punto que suscita un debate profundo es el que busca permitir los convenios público - populares, es decir, que el gobierno pueda contratar con las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas o indígenas la construcción, por ejemplo, de las vías terciarias.
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"Nosotros desde las comisiones económicas intentamos restringir en gran medida el monto que se puede negociar con ellas. Sin embargo, creo que es una discusión se va a dar a fondo porque se podría estar desconociendo el papel de alcaldías y gobernaciones”, dice Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde.
Este artículo para varios congresistas va en contravía de los principios de la ley 80, la que establece las reglas de juego para contratar con el Estado.
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"Quieren favorece a los grupos poblacionales muy afectos al gobierno, grupos indígenas, negros, asociaciones campesinas, donde estas asociaciones podrán a contratar a dedo”, afirma Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático.
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