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¿Qué tan viable es una ley antivandalismo en Colombia?

Para Sergio Fajardo, precandidato presidencial, hay normas suficientes para ese tipo de actos, pero lo que falta es “liderazgo”. Conozca las opiniones de otros expertos.

Tras el anuncio del presidente Iván Duque de presentar ante el Congreso de la República una ley antivandalismo y antidisturbios después del 20 de julio, varios expertos analizaron su viabilidad y cuentan las experiencias de otros países que la han implementado.

Humberto de la Calle, excandidato presidencial, cree que no es necesaria una ley antivandalismo en Colombia .

Desde el punto de vista legal y a través de normas que yo creo que ya existen, no es necesaria una ley antivandalismo. Desde el punto de vista práctico y a través de la acción del Estado controlando si hay abusos de la fuerza pública y estableciendo las normas que dicta la democracia”, expuso.

Hay leyes suficientes, el resto es falta de liderazgo”, aseguró por su parte Sergio Fajardo, precandidato presidencial.

La norma que combate los actos vandálicos se conoce como Ley de seguridad ciudadana y contempla sanciones específicas.

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“Se aumentaron las penas para delitos como violencia contra servidor público, daño en cosa pública. Se crearon delitos como la obstaculización de vías públicas y esas conductas pasan a tener penas que exceden los 4 años de prisión y que podrían llegar a los 10”, recalcó Francisco Bernate, abogado penalista.

Proyectos similares a la ley antivandalismo para sancionar se han implementado en países como Estados Unidos, Francia o China, pero sin muchos resultados.

La norma en sí no resuelve nada. Busca disuadir a los manifestantes frente a acciones de vandalismo”, indicó Mauricio Jaramillo, analista internacional.

Los expertos afirman que la ley antivandalismo debe ceñirse a la Constitución y el derecho internacional, que configura la protesta con otros derechos como libertad de expresión, libertad de pensamiento y participación política.

Hasta el momento, según el Gobierno nacional, los disturbios que tuvieron lugar durante el paro nacional han dejado afectaciones a 1.728 bienes privados, 2.332 públicos y 730 policiales.

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